La emergencia económica decretada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella fue avalada por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-366 de 2026, tras el sismo de magnitud 7,4 ocurrido en agosto. No obstante, el alto tribunal condicionó las facultades extraordinarias del Ejecutivo para impedir gastos ajenos a la tragedia y exigir una delimitación territorial rigurosa.
El alcance de la…
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