La Fiscalía General de la Nación presentó este jueves el escrito de acusación contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, dentro del proceso que investiga la red de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Con este paso, el caso en su contra avanza formalmente a la etapa de juicio.
González, quien permanece fugitivo y tiene activa una circular roja de Interpol, es procesado por los presuntos delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación a favor de terceros y lavado de activos. De acuerdo con la Fiscalía, el exjefe del Dapre y también exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia habría dado instrucciones al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, para dirigir sobornos con recursos derivados de contratos de la entidad durante septiembre y octubre de 2023.
Según el ente investigador, González habría ordenado la entrega de 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, a través de la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, actualmente bajo medida de aseguramiento. Asimismo, el exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyde Pinilla, habría transportado 1.000 millones de pesos hacia Montería para entregarlos al expresidente de la Cámara, Andrés Calle, también detenido dentro del esquema de corrupción.
Los recursos señalados provendrían de un contrato para la compra de 40 carrotanques destinados al suministro de agua potable en comunidades indígenas de La Guajira, un proyecto que terminó siendo el origen de uno de los mayores escándalos recientes en la entidad.
La acusación contra González se conoce en paralelo con las decisiones adoptadas por la Fiscalía contra los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), a quienes se les imputarán los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho.
Estancia en Nicaragua y alerta internacional
Documentos oficiales revelan que el día en que González fue imputado, el 21 de mayo, la Embajada de Colombia en Nicaragua gestionaba trámites para formalizar su residencia en ese país. Las informaciones confirman que el Gobierno tenía conocimiento de su permanencia en Nicaragua desde noviembre de 2024.
Posteriormente, el 4 de julio, la Fiscalía solicitó a Interpol activar una circular roja. Sin embargo, solo hasta el 22 de septiembre la organización internacional autorizó y emitió la alerta para su búsqueda y captura.
