El fallo contra fiduciaria emitido recientemente ordena restituir los dineros invertidos a una pareja de compradores que resultó afectada por la paralización de una obra habitacional en Copacabana. La medida legal obliga a la entidad DaviBank a reintegrar los fondos aportados por las víctimas tras comprobarse graves omisiones en la vigilancia del desarrollo inmobiliario.
Restitución económica y detalles de la decisión legal
La determinación jurídica favorece de manera directa a dos esposos que pagaron cuotas para adquirir un apartamento que nunca llegó a construirse en su totalidad. A través de este dictamen, la entidad fiduciaria encargada de vigilar la edificación no solo deberá reponer el dinero entregado inicialmente, sino también saldar compensaciones complementarias por el tiempo transcurrido.
En total, la pareja recibirá la suma de 64.274.642 pesos para resarcir los perjuicios acumulados durante años de retraso. Este monto final se compone de 40 millones de pesos que habían sido consignados como parte del pago de la propiedad, sumados a los rendimientos e intereses calculados mediante proyecciones financieras hasta el presente año.
El abogado Jhon Jairo Morales, integrante de la firma Dumed Abogados que lideró la representación legal de las víctimas, explicó que la entrega debió cumplirse en 2022. Ante la suspensión definitiva de las labores en el proyecto San Juan de la Tasajera, los afectados iniciaron las acciones judiciales pertinentes para reclamar sus derechos patrimoniales.
Incumplimientos de la constructora e irregularidades de vigilancia
La orden judicial cobija igualmente a la constructora Covin, empresa que asumía la responsabilidad de ejecutar las obras y que faltó a la totalidad de los plazos establecidos contractualmente. La constructora dejó a medio terminar únicamente una de las cuatro edificaciones proyectadas para el conjunto residencial, según se expuso a lo largo del proceso.
De acuerdo con las investigaciones técnicas, la fiduciaria incurrió en fallas notorias al omitir la verificación estricta sobre la solvencia y trayectoria de la promotora. Morales indicó textualmente: “Entre las irregularidades identificadas durante el proceso se encuentran las deficiencias en la verificación que debía realizar la fiduciaria sobre la capacidad técnica, financiera, jurídica y operativa de las sociedades encargadas de promover y desarrollar el proyecto”.
A raíz de estos inconvenientes estructurales y operativos, la constructora frenó actividades a mediados de 2022. El freno de los trabajos perjudicó a cerca de 630 compradores, quienes adquirieron inmuebles clasificados bajo las modalidades de Vivienda de Interés Social (VIS) y del segmento No VIS.
El impacto generado por este fallo contra fiduciaria pone de relieve la relevancia de vigilar cómo se gestionan los recursos en los proyectos de vivienda dentro de la región metropolitana.
¿Qué implicaciones tiene este fallo contra fiduciaria para otros afectados?
Este pronunciamiento constituye la primera sentencia que se dicta en torno a la fallida urbanización San Juan de la Tasajera en Copacabana. La resolución sienta una base jurídica relevante para los cientos de familias restantes que continúan a la espera de una respuesta sobre el destino del capital que destinaron a sus futuros hogares.
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El caso no es aislado en el departamento, pues en el Valle de Aburrá existen más de 130 proyectos siniestrados debido a desmanejos de diversas compañías constructoras. Ante estas anomalías continuas, el sistema judicial ha comenzado a exigir una efectiva devolución de recursos a favor de los ciudadanos perjudicados.
Bajo las pautas que refuerza este fallo contra fiduciaria, los compradores que enfrentan demoras injustificadas cuentan con vías para solicitar la liquidación total de los dineros girados, exigiendo rendimientos compensatorios por los años de incertidumbre económica.
Sanciones similares en el Valle de Aburrá
Las dificultades en edificaciones residenciales alcanzan a otras fiduciarias que operan en los municipios antioqueños. Recientemente, la Superintendencia Financiera profirió sentido de fallo condenatorio en contra de Credicorp Capital Fiduciaria S.A. debido a su participación en el plan habitacional Casa Campo, situado en el corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín.
Dicha obra registra un avance de obra estimado en el 89%, pero permanece paralizada desde el año 2023. En ese litigio, el jurista Morales destacó que la fiduciaria no constató idóneamente las competencias de la firma encargada, señalando que la Promotora Casa Campo S.A.S. tenía solamente dos meses de constituida cuando firmó el contrato respectivo.
El precedente de la Superintendencia Financiera consolida una advertencia clara para las entidades que custodian dineros inmobiliarios sin auditar a las empresas ejecutoras. Los compradores de diferentes proyectos de vivienda siguen de cerca estos avances legales para definir futuras demandas contractuales o penales.
Próximos pasos legales para las familias afectadas
La consolidación de un nuevo fallo contra fiduciaria abre la puerta para que más familias promuevan trámites formales dirigidos a asegurar la restitución de sus patrimonios. Con el amparo de los pronunciamientos judiciales, los afectados pueden solicitar formalmente que las fiduciarias o las constructoras asuman la devolución de recursos con los ajustes financieros correspondientes.
La exigencia de rendimientos monetarios compensa en parte la prolongada espera de quienes buscaban acceder a un techo propio y vieron sus aspiraciones truncadas por las suspensiones de las obras. Las determinaciones sobre estos proyectos de vivienda obligan al sector fiduciario a extremar sus deberes de diligencia en el control de las construcciones en todo el territorio.
Fuente: elcolombiano.com
