La emergencia económica decretada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella fue avalada por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-366 de 2026, tras el sismo de magnitud 7,4 ocurrido en agosto. No obstante, el alto tribunal condicionó las facultades extraordinarias del Ejecutivo para impedir gastos ajenos a la tragedia y exigir una delimitación territorial rigurosa.
El alcance de la emergencia económica en los territorios
El alto tribunal determinó que la emergencia económica no puede extenderse automáticamente a todas las poblaciones de los departamentos mencionados en las normas del Ejecutivo. La medida solo cobijará a los municipios que hayan sufrido daños reales causados por el sismo o sus réplicas, los cuales deben constar formalmente en los informes técnicos oficiales.
Para acceder a los beneficios y recursos excepcionales, las administraciones locales deberán estar registradas en el reporte situacional número 054 emitido por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Asimismo, se podrán incorporar otras localidades de los departamentos incluidos en la declaratoria, siempre que el Gobierno certifique técnicamente la existencia de afectaciones directas provocadas por el evento sísmico.
Esta precisión territorial adquiere relevancia tras las modificaciones del Decreto 1348 expedido el 31 de agosto de 2026, norma que excluyó al departamento de Putumayo e incorporó a Caquetá y Santander. Pese a estas inclusiones departamentales, pertenecer a una de las regiones decretadas no garantiza la asignación de auxilios si no se comprueba el impacto material del fenómeno natural.
¿Qué problemas no podrá atender el Gobierno con este mecanismo?
Las facultades extraordinarias concedidas en un estado de excepción tienen restricciones materiales muy estrictas según la jurisprudencia constitucional. La Corte Constitucional determinó expresamente que esta herramienta legal no puede emplearse para resolver deficiencias estructurales anteriores a la fecha del sismo, garantizando que los dineros públicos se concentren exclusivamente en atender la calamidad reciente.
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En su pronunciamiento, los magistrados hicieron énfasis en la situación del sistema penitenciario y carcelario nacional. Las dificultades históricas de los centros de reclusión no podrán intervenirse con los instrumentos de la emergencia económica, a menos que se demuestre un daño sobrevenido por el terremoto que haga insuficientes los mecanismos ordinarios de gestión pública.
Del mismo modo, las labores de reconstrucción y rehabilitación deberán orientarse a restablecer los servicios esenciales, la infraestructura comunitaria y la dinámica productiva local sin reproducir vulnerabilidades preexistentes. Cualquier intervención estatal deberá justificar que las vías ordinarias resultan insuficientes para superar la crisis desatada por el sismo del 10 de agosto.
Reglas obligatorias para el manejo de los recursos públicos
En la ponencia liderada por el magistrado Juan Carlos Cortés González sobre la emergencia económica, el tribunal estableció cinco condiciones indispensables para la administración de las partidas presupuestales. El objetivo central consiste en evitar desvíos financieros y blindar los recursos destinados a mitigar el impacto en las poblaciones afectadas por la catástrofe.
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- Destinación exclusiva: el presupuesto extraordinario no podrá financiar gastos ajenos a la contingencia ni utilizarse para subsanar el déficit fiscal de la Nación.
- Revisión del cálculo financiero: el Ministerio de Hacienda deberá redefinir el costo real de la calamidad y las adiciones requeridas.
- Justificación de gastos excepcionales: los ordenadores del gasto deben sustentar por qué los mecanismos ordinarios no permiten cubrir las necesidades urgentes.
- Coordinación con las regiones: la Nación debe coordinar responsabilidades con los entes territoriales respetando su debida autonomía financiera.
- Control y seguimiento: se implementará un esquema diferenciado de administración para facilitar la vigilancia de los organismos de control.
Respecto al cálculo fiscal, la providencia otorgó un plazo perentorio de 20 días hábiles para que el Ministerio de Hacienda, bajo la dirección de Miguel Gómez, cuantifique nuevamente las adiciones presupuestales requeridas. Los ordenadores del gasto tendrán que emitir actos administrativos motivados para justificar cualquier desembolso pendiente o futuro que utilice dineros de la emergencia económica.
Enfoque diferencial y plan de acción para los damnificados
La protección de los derechos fundamentales de las víctimas constituye otro pilar fundamental de la providencia judicial. El tribunal ordenó que todas las medidas ejecutivas incorporen un enfoque diferencial para asistir prioritariamente a poblaciones en situación de vulnerabilidad o que demanden un amparo especial del Estado.
Asimismo, la falta de información censal en ciertas zonas no podrá ser un obstáculo para la entrega de asistencia humanitaria. Si los registros locales resultan insuficientes, las entidades estatales tienen la obligación de realizar jornadas de caracterización técnica en terreno para garantizar que ningún damnificado quede excluido de las ayudas de la emergencia económica.
Con esta decisión sobre la emergencia económica, la Sala Plena aprobó la declaratoria con una mayoría de 7 votos frente a uno en contra. El presidente de la República deberá formular el plan de acción específico de recuperación contemplado en la normativa vigente, estructurando una programación plurianual que garantice la continuidad de las obras y asegure la estabilidad integral de las zonas afectadas.
Fuente: elcolombiano.com
