La Fiscalía expuso nuevos detalles de la investigación por la presunta asignación irregular de seis contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí entre 2020 y 2022. Según la imputación, Miguel Quintero, hermano del entonces alcalde de Medellín Daniel Quintero, habría recibido $1.653 millones de los $2.481 millones que presuntamente fueron cobrados como comisión.
La investigación por presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá con los Bomberos de Itagüí sumó nuevos detalles durante una audiencia de imputación realizada ante el Juzgado 27 Penal de Medellín con funciones de control de garantías.
La Fiscalía sostiene que alrededor de seis contratos, cuyo valor conjunto ascendió a $17.656 millones, habría funcionado un esquema para obtener comisiones ilegales. Los contratos fueron adjudicados entre 2020 y 2022 y estaban relacionados formalmente con la disminución de riesgos para las comunidades durante la pandemia de covid-19 y el fortalecimiento de los cuerpos de bomberos de la jurisdicción.
Según la tesis presentada por la fiscal del caso, la comisión inicialmente habría llegado al 20 %, pero en junio de 2020 se habría negociado una reducción al 15 % para el caso específico de los contratos con Bomberos de Itagüí.
De los $2.481 millones que presuntamente se obtuvieron mediante el esquema, la Fiscalía sostiene que aproximadamente dos terceras partes, equivalentes a $1.653 millones, habrían terminado en manos de Miguel Quintero.
Las afirmaciones hacen parte de una imputación y deberán ser controvertidas y demostradas durante el proceso judicial. Las personas investigadas conservan su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria en firme.
Miguel Quintero habría recibido $1.653 millones, según la Fiscalía
La distribución del dinero es uno de los puntos centrales de la investigación.
Según las cifras expuestas durante la audiencia, Miguel Quintero habría recibido $1.653 millones; Álvaro Villada, exsubdirector financiero del AMVA, más de $693 millones; y Sebastián Ortega habría obtenido más de $133 millones.
La Fiscalía imputó a Miguel Quintero y Álvaro Villada por los presuntos delitos de celebración indebida de contratos y peculado por apropiación. A Sebastián Ortega lo imputó por peculado y a Vanesa Álvarez, exasesora jurídica del Área Metropolitana y exsecretaria de Medio Ambiente de Medellín, por interés indebido, de acuerdo con el rol que la Fiscalía les atribuye en los hechos.
El ente acusador sostiene que el objetivo real del esquema habría sido obtener beneficios particulares y que una parte de los recursos habría sido destinada a financiar la aspiración de Misael Cadavid, entonces gerente de la organización de socorro, a la Cámara de Representantes. Esa campaña finalmente no prosperó.
El proceso no comenzó con esta audiencia. La investigación se ha desarrollado en varias fases e involucra a otras personas que anteriormente fueron imputadas.
Uno de ellos, Juan Alberto Cardona, se convirtió en el primer condenado después de allanarse a cargos por falsedad en documento, mientras que Cadavid fue aceptado con un principio de oportunidad.
Comisión habría bajado del 20 % al 15 % en los contratos
Otro de los detalles expuestos durante la audiencia tiene que ver con el porcentaje de la supuesta comisión.
Según testimonios mencionados en el proceso, existiría la versión de que en el Área Metropolitana se cobraba una comisión que podía alcanzar el 20 % de los contratos, de la cual la mitad presuntamente correspondería a Miguel Quintero y la otra mitad se repartiría entre otros participantes del esquema.
No obstante, la fiscal 40 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública precisó que, para el caso concreto de los contratos de Bomberos de Itagüí, habría existido en junio de 2020 una negociación para reducir esa comisión al 15 %.
La Fiscalía señala además a Miguel Quintero como presunto determinador del entramado investigado.
De acuerdo con la hipótesis presentada en la audiencia, la estructura habría comenzado a organizarse desde diciembre de 2019, antes de que Daniel Quintero asumiera formalmente la Alcaldía de Medellín.
La Fiscalía sostiene que Miguel Quintero habría impulsado la ubicación de personas cercanas en cargos considerados estratégicos dentro del AMVA para facilitar la aprobación de determinados contratos.
Estas afirmaciones corresponden a la teoría del ente acusador y no constituyen una declaración judicial definitiva de responsabilidad.
Cheques de $50 millones habrían sido utilizados para entregar parte del dinero
La Fiscalía también expuso detalles sobre la forma en que presuntamente se realizaron algunos pagos.
De acuerdo con lo señalado en la audiencia de imputación, parte de los desembolsos habría sido realizada mediante cheques por $50 millones girados a nombre de diferentes personas.
La investigación también menciona posibles pagos en especie.
Uno de los testigos que colabora con la justicia relató que en 2021 Misael Cadavid habría entregado a Álvaro Villada un vehículo BMW como parte de una cuota. Según esa versión, el automóvil incluso permaneció durante varios meses en los parqueaderos del Área Metropolitana, pero posteriormente habría sido devuelto porque no se logró acordar su valor.
La Fiscalía detalló igualmente cómo se habría distribuido parte de los recursos.
Hasta septiembre de 2022, Villada habría participado en el recaudo y, durante ese periodo, presuntamente se habría apropiado de $693,7 millones para él y $1.387,3 millones destinados a Miguel Quintero.
Posteriormente, Sebastián Ortega habría asumido esa función. Según la Fiscalía, Ortega habría recibido $133,3 millones para sí mismo y $266 millones destinados a Miguel Quintero.
La suma de los valores que la Fiscalía atribuye a Miguel Quintero en esas dos etapas alcanza aproximadamente los $1.653 millones señalados en la imputación.
Chats de WhatsApp también hacen parte de la investigación
Entre los elementos mencionados por la Fiscalía aparecen conversaciones realizadas mediante un grupo de WhatsApp denominado “Amigos”.
Según la investigación, en estos espacios se habrían discutido asuntos relacionados con nombramientos, decisiones y acciones dentro de entidades públicas.
La fiscal aseguró que los mensajes evidenciarían reuniones recurrentes en instalaciones de Metroparques y otros espacios, y sostuvo que Miguel Quintero presuntamente generaba iniciativas e impartía instrucciones que posteriormente eran ejecutadas por servidores y particulares vinculados al Área Metropolitana.
La funcionaria agregó que dentro de esos grupos algunas personas se referían a Miguel Quintero como “Mr. M” o “nuestro jefe”. Según su exposición, por esos canales y mediante encuentros presenciales presuntamente se habrían impartido instrucciones sobre nombramientos y distribución de recursos.
La investigación también recoge declaraciones según las cuales Miguel Quintero habría tenido influencia en otras entidades como Metroparques, el Inder y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU). Se trata, nuevamente, de señalamientos que hacen parte del material investigativo y que no equivalen a una sentencia.
Tras la lectura de la imputación, el juez declaró un receso. La diligencia continuará para escuchar las intervenciones de las defensas, los representantes de las víctimas y el Ministerio Público.
El proceso deberá establecer ahora las responsabilidades individuales de cada uno de los señalados y determinar judicialmente si existió el esquema descrito por la Fiscalía alrededor de los seis contratos del Área Metropolitana con Bomberos de Itagüí.
