El alcalde de Medellín reaccionó a la condena de 19 meses contra Juan Alberto Cardona Henao, ex tesorero de los Bomberos Voluntarios de Itagüí, por su participación en el caso de los convenios con el Área Metropolitana. El mandatario aseguró que el proceso apenas representa una parte de las investigaciones en curso.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció tras conocerse la primera condena relacionada con los cuestionados contratos celebrados durante la administración de Daniel Quintero entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
El condenado es Juan Alberto Cardona Henao, quien se desempeñó como tesorero del organismo de socorro y alcanzó un preacuerdo con la Fiscalía después de reconocer su participación en la falsificación de documentos.
La pena acordada es de 19 meses de prisión, aunque la lectura formal de la sentencia está prevista para el próximo 18 de septiembre.
Gutiérrez consideró que la condena es reducida frente a la dimensión de las irregularidades que, según su administración, se investigan alrededor de la contratación pública de Medellín.
“En nuestro concepto no es nada frente al robo que le hicieron a Medellín”, expresó el mandatario, quien destacó, sin embargo, que la colaboración del procesado puede aportar información relevante para esclarecer las responsabilidades de otros involucrados.
Cardona pidió disculpas y reconoció su participación
Durante la audiencia realizada este jueves 20 de agosto, Juan Alberto Cardona pidió perdón por los hechos y reconoció haber falsificado documentos relacionados con los convenios investigados.
El ex tesorero aseguró que su actuación fue equivocada y lamentó las consecuencias que generó para las personas y entidades involucradas.
La colaboración con la justicia hace parte del preacuerdo alcanzado con la Fiscalía y podría ser determinante para avanzar en las investigaciones sobre otros participantes del caso.
Contratos superaban los $17.645 millones
Las investigaciones se remontan a 2021 y están relacionadas con convenios interadministrativos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) y los Bomberos Voluntarios de Itagüí.
Los contratos cuestionados ascendían inicialmente a $17.645 millones y contemplaban actividades como capacitaciones en atención prehospitalaria, adquisición de elementos para enfrentar la pandemia de covid-19, jornadas académicas, un viaje internacional para 25 rescatistas y la entrega de 3.000 kits con camisetas, gorras y tapabocas.
Las primeras alertas fueron realizadas por organizaciones ciudadanas y posteriormente diferentes investigaciones periodísticas pusieron bajo la lupa la forma en la que se estructuraron y ejecutaron esos convenios.
Uno de los cuestionamientos se concentró en las razones por las que el Área Metropolitana seleccionó específicamente a los Bomberos de Itagüí para desarrollar esas actividades.
Miguel Quintero será llamado a audiencia por el mismo caso
El alcalde Federico Gutiérrez también recordó que la investigación continúa y que uno de los próximos episodios judiciales involucrará a Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero.
Según indicó el mandatario, Miguel Quintero tiene prevista una audiencia el 25 de agosto relacionada con el mismo expediente en el que ya se produjo la primera condena.
“Este caso está directamente relacionado con la audiencia del próximo 25 de agosto de Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero”, señaló Gutiérrez.
El avance del proceso será clave para determinar las responsabilidades individuales dentro del entramado contractual investigado por las autoridades.
Alcaldía asegura haber entregado cientos de casos a organismos de control
Gutiérrez afirmó además que este expediente hace parte de 666 casos que su administración asegura haber trasladado a diferentes organismos de control y autoridades judiciales.
Después del cambio de administración, la Alcaldía de Medellín se constituyó como víctima en varios procesos y ha entregado información obtenida durante auditorías internas y revisiones de contratos ejecutados en el gobierno anterior.
La condena contra Cardona se convierte así en el primer fallo derivado de uno de los escándalos de contratación que surgieron durante la administración de Daniel Quintero, mientras las autoridades continúan estableciendo si existen responsabilidades adicionales.
