La Alcaldía de Medellín, reconocida como víctima dentro del proceso, respaldó la actuación de la Fiscalía y pidió que se mantenga la imputación contra Daniel Quintero y otros 12 procesados por el caso Aguas Vivas.
El proceso judicial por el caso Aguas Vivas volvió a moverse este 20 de agosto. En una nueva audiencia, la Alcaldía de Medellín respaldó los argumentos de la Fiscalía General de la Nación y solicitó que se avale la imputación contra el exalcalde Daniel Quintero y otros exfuncionarios de su administración.
El caso investiga presuntas irregularidades relacionadas con un predio ubicado en el sector de Las Palmas, que habría sido devuelto de manera irregular a particulares.
La audiencia se retomó después de que una jueza declarara en julio una nulidad sobre la imputación, al considerar que la Fiscalía no había explicado con suficiente claridad algunos de los delitos atribuidos a los procesados.
Alcaldía actuó como víctima dentro del proceso
En representación del Distrito intervino el abogado Alfonso Cadavid, quien defendió durante varias horas la actuación de la Fiscalía y sostuvo que dentro del expediente existe suficiente documentación sobre las presuntas irregularidades.
El apoderado cuestionó la decisión de anular la imputación y aseguró que el ente acusador sí había sustentado las razones jurídicas que respaldaban los señalamientos.
Uno de los puntos centrales tiene que ver con una resolución expedida en octubre de 2022 mediante la cual se terminó unilateralmente un contrato de cesión gratuita relacionado con el predio.
Según la tesis planteada dentro del proceso, esta actuación habría permitido que el lote regresara al patrimonio de particulares.
Predio estaría valorado en más de $42.719 millones
La representación de la Alcaldía sostuvo que el terreno ya tenía condición de bien de uso público desde diciembre de 2019.
Bajo esa interpretación, el entonces alcalde Daniel Quintero y otros funcionarios tenían la obligación de protegerlo y conservarlo dentro del patrimonio público.
La Fiscalía sostiene que algunas actuaciones posteriores habrían permitido devolver el predio a particulares, generando una posible apropiación en favor de terceros por un valor superior a $42.719 millones.
Sin embargo, estas afirmaciones siguen siendo materia de discusión judicial y deberán ser evaluadas dentro del proceso.
¿Por qué se anuló inicialmente la imputación?
En julio, la jueza 22 Penal del Circuito de Medellín consideró que la imputación presentada contra los 13 procesados necesitaba mayor precisión.
Entre los cuestionamientos estuvo la forma como la Fiscalía explicó algunos conceptos jurídicos relacionados con la terminación unilateral del contrato y las normas que presuntamente habrían sido vulneradas.
La Fiscalía apeló esa decisión y, posteriormente, la Alcaldía de Medellín también respaldó la postura del ente acusador.
El argumento principal del Distrito es que esta etapa del proceso no exige el mismo nivel de detalle probatorio que un juicio y que las pruebas deberán desarrollarse progresivamente.
Ahora será el turno de las defensas
Concluidas las intervenciones de la Fiscalía y de la Alcaldía, el proceso continuará con los argumentos de los abogados defensores de los 13 procesados.
Debido al número de personas involucradas, las defensas solicitaron nuevas fechas para poder presentar sus posiciones.
La próxima audiencia quedó programada para el 14 de septiembre a las 8:30 de la mañana.
También se fijó una segunda diligencia para el 15 de octubre a la 1:30 de la tarde.
Estas sesiones serán claves para definir si se mantiene la imputación presentada por la Fiscalía o si prosperan los cuestionamientos planteados por las defensas.
El caso Aguas Vivas
El expediente hace referencia a actuaciones realizadas durante la Alcaldía de Daniel Quintero alrededor de un predio ubicado en Las Palmas.
La Fiscalía investiga si funcionarios de esa administración habrían utilizado decisiones administrativas para beneficiar indebidamente a particulares.
En total, 13 personas están vinculadas al proceso, entre ellas el exalcalde Daniel Quintero y varios exfuncionarios de su gobierno.
Por ahora no existe una condena y los señalados mantienen su presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial.
