El atentado en Planadas perpetrado en la noche del domingo causó la muerte de cuatro personas y dejó a otras 17 heridas tras la detonación de una volqueta cargada con explosivos en el barrio Aeropuerto de este municipio ubicado en el sur del Tolima.
Consecuencias del atentado en Planadas y balance de víctimas
La explosión se produjo hacia las 9:30 de la noche y generó una potente onda expansiva que afectó severamente el casco urbano. Entre los fallecidos confirmados por las autoridades se encuentran Juliana Olaya, una joven estudiante de Medicina Veterinaria que era reconocida en la región por su destacada trayectoria como deportista de fútbol en torneos departamentales y nacionales, así como Joseph Sánchez, madre de una bebé de dos meses que también perdió la vida a causa de la explosión.
El balance preliminar de la Gobernación del Tolima cuantificó en 177 los inmuebles afectados por la detonación en un radio de hasta tres cuadras a la redonda. Los pobladores relataron que la fuerza del impacto destruyó viviendas por completo y dejó a varias familias atrapadas bajo los escombros. La conmoción generada por el atentado en Planadas se vio agravada por la interrupción de las comunicaciones en el sector, lo que dificultó la solicitud oportuna de ayuda durante los primeros minutos de la emergencia.
¿Cómo se ejecutó la acción armada?
Las primeras indagaciones oficiales apuntan a que los perpetradores acondicionaron el vehículo pesado con varios cilindros bomba y lo trasladaron desde el municipio de Ataco hacia el casco urbano de Planadas. La principal hipótesis de los organismos de seguridad sostiene que la meta del ataque era la base militar del Batallón de Infantería N.° 17 General Domingo Caicedo, adscrito a la Sexta Brigada del Ejército Nacional. No obstante, una detonación anticipada desvió el efecto destructivo hacia la población civil y las construcciones aledañas.
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El mandatario local, Juan Camilo Hueje, comunicó que algunos artefactos no alcanzaron a estallar, lo que requirió la movilización inmediata de personal antiexplosivos para descartar riesgos adicionales entre la comunidad. Los informes de seguridad indican que en la maniobra armada también habrían intervenido drones adaptados con elementos explosivos que sobrevolaron la zona urbana, una táctica que continúa bajo análisis de los peritos militares.
Frente a la autoría del hecho violento, la gobernadora Adriana Magali Matiz atribuyó preliminarmente la responsabilidad a las disidencias de las Farc, señalando de forma directa al Frente Gerónimo Galeano como el presunto ejecutor. Esta facción armada mantiene una presencia sostenida en el sur del Tolima y ha protagonizado diversas acciones hostiles contra las instituciones estatales en los últimos meses.
Destrucción de servicios asistenciales y atención humanitaria
Uno de los puntos más críticos de la emergencia se concentró en el Hospital Centro de Planadas, cuyas instalaciones sufrieron una afectación estructural estimada en cerca del 80%. Uno de los proyectiles impactó de lleno en el área de farmacia, lo que derivó en una conflagración interna que obligó a evacuar de urgencia a todo el personal y a los pacientes internados.
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Los severos daños en el hospital redujeron sustancialmente la capacidad del sistema de salud local para responder a la contingencia, considerando que este centro operaba en una sede transitoria mientras culminaba la construcción de su infraestructura definitiva. Ante este panorama, los equipos de socorro habilitaron la institución educativa Domingo Savio y una caseta comunal como espacios temporales de atención médica, coordinando además la remisión de los pacientes más delicados hacia centros asistenciales en Ibagué.
Antecedentes del conflicto y alertas en la región
La violencia que derivó en el atentado en Planadas no constituye un suceso aislado dentro de la dinámica de orden público en el sur del Tolima. Las autoridades locales ya habían advertido sobre una escalada de hostigamientos armada en localidades como Ataco, Rioblanco y Chaparral. Entre las acciones previas se cuentan emboscadas armadas donde perdieron la vida uniformados de la Policía, así como repetidos lanzamientos de granadas y artefactos desde aeronaves no tripuladas contra instalaciones policiales y militares.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo recordó que la situación de vulnerabilidad en la región había sido advertida desde 2022 mediante la Alerta Temprana 016. En dicho documento se consignó la pugna territorial entre distintas estructuras asociadas a las disidencias de las Farc, encabezadas por facciones del Estado Mayor Central y de la Segunda Marquetalia. Dicho informe alertaba que el escenario de riesgo se incrementó en estos municipios como resultado del avance de rentas ilícitas vinculadas a la extracción no autorizada de minerales.
Fuente: elcolombiano.com
