La tasa de seguridad en Antioquia vuelve a estar en el centro del debate económico regional luego de que las principales agremiaciones empresariales solicitaran su desmonte anticipado ante el gobierno departamental. El Comité Intergremial y Fenalco Antioquia presentaron un comunicado conjunto para pedir formalmente al gobernador Andrés Julián Rendón que retire esta contribución tributaria.
¿Qué piden los gremios sobre la tasa de seguridad en Antioquia?
Las organizaciones del sector productivo argumentan que este cobro departamental representa una carga financiera excesiva para las empresas formales del territorio. La solicitud de eliminar la tasa de seguridad en Antioquia surge a partir de un cambio en las proyecciones de financiamiento público nacional.
En su pronunciamiento, Fenalco Antioquia y el Comité Intergremial señalaron que “ante el nuevo panorama en el que el Gobierno nacional entregaría los recursos necesarios para la seguridad territorial, mantener este cobro departamental pierde justificación y razón de ser”. Para los voceros privados, la llegada de partidas desde el presupuesto nacional debería aliviar de inmediato las obligaciones fiscales territoriales.
Asimismo, los dirigentes gremiales expresaron su preocupación por el impacto de los tributos en las unidades productivas más vulnerables. En el documento enfatizaron que “necesitamos frenar la pérdida de empleo y evitar que el tejido empresarial siga asumiendo responsabilidades económicas que limitan su crecimiento”, advirtiendo que los costos castigan a las micro, pequeñas y medianas empresas.
El origen y funcionamiento del tributo departamental
Este gravamen fue aprobado por la Asamblea Departamental a través de la Ordenanza 50 de 2024 y comenzó a regir formalmente en enero de 2025. El cobro se realiza directamente a través de las facturas del servicio público de energía eléctrica en todo el departamento.
La normativa estableció diferencias tarifarias y exenciones específicas para los usuarios residenciales y corporativos:
- Población gravada: usuarios residenciales pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6.
- Sectores productivos: inmuebles comerciales, industriales y dependencias del sector oficial.
- Población exenta: hogares clasificados en los estratos 1, 2 y 3.
- Período de aplicación: vigencia programada hasta diciembre de 2027.
Desde la formulación de la Ordenanza 50 de 2024, el sector privado había manifestado reparos respecto al efecto acumulativo de estos gravámenes sobre la competitividad. Para las asociaciones, la sostenibilidad de la tasa de seguridad en Antioquia compromete la inversión en la región.
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La postura oficial de la Gobernación de Antioquia
Por su parte, la Gobernación de Antioquia ha defendido con firmeza la permanencia del recaudo para garantizar la operatividad de los organismos de seguridad ciudadana. En febrero, el mandatario seccional sostuvo que el tributo se encuentra “blindado jurídicamente” y ratificó que el esquema tarifario continúa vigente en el departamento.
La administración departamental sostiene que la tasa de seguridad en Antioquia resulta indispensable para modernizar la infraestructura de protección comunitaria. Según el balance presentado en septiembre, el departamento ejecutó más de $473.000 millones en dotación para el Ejército, la Armada y la Policía.
Entre los suministros entregados a la Fuerza Pública con estos recursos destacan los siguientes elementos:
- Vehículos terrestres: 55 camionetas y 178 motocicletas operativas.
- Transporte acuático: 7 botes de apoyo fluvial para patrullaje.
- Tecnología y defensa: 5 dispositivos antidrones.
- Protección personal: 574 cascos balísticos y 706 chalecos antibalas.
- Infraestructura: mejoras en estaciones de policía y adecuación de escenarios deportivos de convivencia.
Implicaciones legales y próximos pasos en la discusión
Cualquier modificación o revocatoria de la tasa de seguridad en Antioquia exigiría un trámite legislativo departamental. Dado que la vigencia del cobro fue estipulada hasta finales de 2027, su desmontaje requeriría tramitar un nuevo proyecto ante la Asamblea para modificar formalmente la Ordenanza 50 de 2024.
El debate actual enfrenta dos visiones sobre el financiamiento institucional en la región. Mientras los empresarios sostienen que la Nación debe asumir estos costos para proteger la actividad productiva, la Gobernación de Antioquia considera que los aportes locales garantizan una respuesta ágil ante los retos de orden público. Por el momento, los gremios esperan un pronunciamiento de las autoridades sobre la continuidad de la tasa de seguridad en Antioquia.
Fuente: mioriente.com
