Las denuncias contra Gustavo Petro sobre presuntos contratos a cambio de favores sexuales llegaron a cuatro organismos de control y justicia en Colombia. Las indagaciones buscan establecer si durante el mandato presidencial se utilizaron recursos públicos e influencias del cargo para beneficiar laboralmente a distintas mujeres a cambio de encuentros íntimos.
El origen de las denuncias contra Gustavo Petro
El expediente judicial tomó fuerza tras el testimonio público ofrecido por Deyci Jiménez, quien declaró haber obtenido contratos con el Estado luego de supuestas gestiones del mandatario. De acuerdo con las declaraciones conocidas, las designaciones se habrían pactado como retribución personal, lo que motivó la intervención inmediata de las autoridades.
A partir de estos relatos y de declaraciones previas de exfuncionarias del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la Nación inició una indagación preliminar. En este proceso inicial, el organismo acusador investiga el presunto delito de abuso de función pública para determinar responsabilidades administrativas y penales.
El vicefiscal general Gilberto Javier Guerrero explicó que se ordenaron labores de policía judicial para recolectar evidencias y verificar los testimonios aportados. Dentro de las actuaciones previstas, la entidad llamará a declarar a las exdirectoras de la Presidencia Angie Rodríguez y Laura Sarabia para esclarecer los procedimientos internos de vinculación.
¿Qué entidades investigan los hechos denunciados?
Ante la gravedad de los señalamientos, diferentes dependencias del poder judicial activaron mecanismos de control para esclarecer si existieron irregularidades sistemáticas en la contratación oficial. Cada despacho analiza la información dentro de su respectivo marco de competencias constitucionales.
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- Fiscalía General de la Nación: lidera las pesquisas por posible abuso de función pública y citará a testigos directos.
- Procuraduría General de la Nación: abrió una indagación preliminar en el ámbito disciplinario para evaluar la conducta de los funcionarios.
- Corte Suprema de Justicia: recibió una denuncia penal contra el mandatario y contra la exsenadora María José Pizarro.
- Comisión de Acusación de la Cámara: examina siete hipótesis planteadas por organizaciones de la sociedad civil.
En el caso del alto tribunal, la acción fue radicada por la veeduría Colombia Transparente, que solicitó revisar los hechos desde el periodo legislativo de 2019. Por su parte, la Comisión de Acusación debe determinar si asume formalmente la competencia sobre los actos atribuidos directamente a la jefatura de Estado.
Diferencias entre los registros y las acusaciones
Las denuncias contra Gustavo Petro combinan información consignada en bases oficiales con relatos que aún deben ser corroborados por los investigadores. En el Portal Anticorrupción figuran 10 contratos suscritos a nombre de Jiménez entre los años 2021 y 2026 en entidades como el Senado de la República y el Ministerio del Interior.
Sin embargo, la existencia de estos documentos no certifica por sí misma que hayan sido obtenidos mediante acuerdos ilícitos. Los peritos judiciales deben comprobar si las dependencias requerían efectivamente esos servicios profesionales, si la contratista cumplía con el perfil exigido y si las labores asignadas fueron ejecutadas conforme a la ley.
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Asimismo, los señalamientos de la denunciante mencionan la existencia de perfiles en plataformas digitales presuntamente usados para coordinar los acercamientos. Los peritos de policía judicial tienen la tarea de verificar la autenticidad técnica de los mensajes electrónicos y su vínculo directo con las denuncias contra Gustavo Petro.
Reacciones y próximos pasos del proceso
Frente a las acusaciones, los dirigentes involucrados han rechazado cualquier irregularidad en sus actuaciones públicas. La excongresista María José Pizarro calificó las afirmaciones como infundadas y aseguró que responderá formalmente ante los estrados judiciales para salvaguardar su reputación, mientras que el mandatario negó haber cometido actos delictivos.
Organizaciones no gubernamentales como el Instituto Anticorrupción han pedido que se garantice la debida protección a quienes declaren en el expediente. El esclarecimiento definitivo de las denuncias contra Gustavo Petro dependerá del análisis técnico de los contratos con el Estado, la inspección de archivos institucionales y la recopilación de testimonios bajo las garantías legales.
Fuente: elcolombiano.com
