Una operación conjunta de autoridades colombianas y estadounidenses contra una presunta red de lavado de activos mediante criptomonedas dejó seis personas capturadas y 12 allanamientos en Medellín, Envigado y Barranquilla. Entre los detenidos figura Hugo Daniel Giraldo Santamaría, señalado por las autoridades como presunto socio de alias ‘El Sobri’. La Fiscalía sostiene que la estructura habría incorporado más de $2,3 billones mediante activos digitales entre 2018 y 2026.
Un amplio operativo contra el lavado de activos con criptomonedas permitió la captura de seis personas que presuntamente integrarían una organización dedicada a ocultar y dar apariencia de legalidad a recursos provenientes de actividades ilícitas.
La operación contó con participación de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la DEA, y fue confirmada por la Embajada de Estados Unidos. Las autoridades realizaron 12 allanamientos en Medellín, Envigado y Barranquilla como parte de una investigación de alcance internacional.
Entre las personas detenidas aparece Hugo Daniel Giraldo Santamaría, señalado como presunto socio de Jhony Alberto Muñoz Laverde, alias ‘El Sobri’. Este último es identificado en el reporte como sobrino de José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’, histórico jefe de ‘La Oficina’ y exnegociador de la mesa de paz urbana.
Las autoridades investigan a Giraldo Santamaría por su presunto papel como cabecilla de una organización que habría utilizado activos digitales para lavar recursos en beneficio de una estructura criminal.
Más de $2,3 billones habrían sido movidos mediante activos digitales
Uno de los datos de mayor dimensión económica revelados dentro de la investigación corresponde al volumen de recursos que presuntamente habría pasado por el entramado.
De acuerdo con la Fiscalía, las indagaciones permitieron identificar un conjunto de sociedades que habría sido utilizado para dar apariencia de legalidad a recursos procedentes de rentas ilegales entre 2018 y 2026.
Mediante este mecanismo, según el ente investigador, se habrían incorporado más de $2,3 billones en activos digitales.
El expediente describe un esquema que presuntamente combinaba operaciones con criptomonedas y estructuras empresariales para facilitar el movimiento, ocultamiento y posterior monetización de los recursos.
Según la investigación, los movimientos se realizarían a través de nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio relacionados con actividades como ingeniería civil, consultoría, servicios administrativos, reparación de maquinaria, intermediación cambiaria y servicios financieros.
Las autoridades sostienen que buena parte de estas empresas presentarían actividad económica inexistente e inconsistencias en sus estados financieros, elementos que hacen parte de las indagaciones sobre el supuesto esquema de lavado.
Incautaron bienes avaluados en más de 12 millones de dólares
El operativo también tuvo un importante componente patrimonial.
Durante los procedimientos fueron incautadas más de 50 propiedades avaluadas en más de 12 millones de dólares, cifra equivalente a aproximadamente $37.245 millones, de acuerdo con el reporte conocido.
Entre los bienes aparecen viviendas de lujo ubicadas en Medellín y Envigado, además de vehículos de alta gama.
En el caso particular de Hugo Daniel Giraldo Santamaría, las autoridades le incautaron una mansión ubicada en el sector de Loma de los Balsos, en Medellín, y un vehículo de alta gama. Los bienes quedaron a disposición de las autoridades dentro de la investigación internacional.
El reporte también señala que, como medida cautelar dentro del proceso, se logró la intervención de 36 bienes en Medellín y Envigado, discriminados en cuatro inmuebles, 19 vehículos, nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio.
Estas medidas forman parte de las actuaciones patrimoniales adelantadas por las autoridades y no constituyen, por sí mismas, una declaración definitiva de responsabilidad penal sobre las personas investigadas.
Seis personas fueron capturadas durante el operativo
Además de Giraldo Santamaría, entre las personas detenidas aparece Carolina María Giraldo, su esposa, quien presuntamente tendría participación en el manejo de grandes cantidades de dinero dentro de la organización investigada.
También fue capturada Janeth Catalina Cano Santamaría, señalada de presuntamente coordinar procesos relacionados con la canalización, dispersión y monetización de activos virtuales.
El reporte también menciona a Johan Mateo Ruiz Orijhuela, quien habría utilizado billeteras digitales para facilitar el ingreso, ocultamiento y posterior conversión de importantes cantidades de dinero.
A su vez, Luis Andrés Ospina Ochoa es señalado de presuntamente facilitar el tránsito de los recursos y mantenerlos ocultos mediante las sociedades que hacen parte de la investigación.
Las responsabilidades individuales deberán ser determinadas dentro del proceso judicial. Las afirmaciones conocidas hasta ahora corresponden a las hipótesis y señalamientos formulados por las autoridades investigadoras.
Investigación conecta el caso con presunto socio de alias ‘El Sobri’
Uno de los elementos que llamó la atención dentro del operativo es la presunta relación de Giraldo Santamaría con alias ‘El Sobri’, identificado como Jhony Alberto Muñoz Laverde.
Según el reporte, alias ‘El Sobri’ es sobrino de José Leonardo Muñoz Martínez, conocido como alias ‘Douglas’, señalado históricamente como jefe de ‘La Oficina’ y quien participó como exnegociador en la mesa de paz urbana.
La investigación contra el presunto entramado financiero, sin embargo, se concentra en determinar cómo habrían sido obtenidos, transformados, movilizados y ocultados los recursos investigados.
La utilización de criptomonedas y billeteras digitales aparece como uno de los componentes centrales de la hipótesis de las autoridades, junto con el supuesto uso de sociedades comerciales para incorporar recursos al circuito económico.
El caso continuará ahora en los escenarios judiciales correspondientes, donde la Fiscalía deberá sustentar las pruebas contra cada uno de los capturados y establecer el grado de participación que eventualmente habrían tenido.
Por tratarse de una investigación en curso, los capturados conservan su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia judicial en firme que determine lo contrario.
