La investigación involucra a una exdirectora del Inder, dos exgerentes de Metroparques y un contratista. Según la Fiscalía, se habrían pagado precios artificialmente elevados por implementos deportivos adquiridos entre 2020 y 2021.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a varios exfuncionarios y un contratista vinculados a la administración del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, dentro de una investigación por presuntas irregularidades en contratos del Inder y Metroparques.
El proceso se concentra en la compra de implementos deportivos como balones, uniformes, medallas, trofeos y otros elementos destinados a actividades recreativas y comunitarias de la ciudad.
De acuerdo con la Fiscalía, los contratos investigados habrían generado sobrecostos cercanos a los $3.700 millones.
¿Quiénes fueron acusados?
Entre las personas señaladas por la Fiscalía aparecen la exdirectora del Inder Diana Paola Toro, los exgerentes de Metroparques Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez, además de Mauricio Jaramillo Botero, representante legal de Cyan Eventos y Logística.
La acusación formal se realizó el 14 de agosto.
Según el ente investigador, el expediente cuenta con 18 testimonios y cerca de 1.800 documentos que serán utilizados dentro del proceso judicial.
Fiscalía señala posibles precios inflados
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con los valores pagados por los productos adquiridos.
La Fiscalía sostiene que dentro de Metroparques se habrían aprobado movimientos contractuales que permitieron establecer precios superiores a los del mercado, favoreciendo presuntamente al contratista.
Durante la audiencia, el fiscal aseguró que las compras de uniformes, balones, implementos deportivos y medallas correspondientes a los años 2020 y 2021 fueron objeto de revisión.
Según la investigación, se habrían detectado inconsistencias en los estudios de mercado utilizados para establecer los precios.
El ente acusador sostiene que estos documentos pudieron haber sido utilizados para justificar valores artificialmente elevados.
También cuestionan la calidad de algunos implementos
La Fiscalía no solo cuestionó los precios.
Dentro del material analizado también se habrían identificado bienes cuya calidad no correspondía con los valores pagados.
Estos implementos estaban destinados a actividades como torneos barriales, festivales deportivos, programas comunitarios y proyectos financiados mediante presupuesto participativo.
La investigación busca establecer si funcionarios públicos permitieron estos pagos pese a conocer las condiciones reales de los productos.
Un contrato pasó de dos meses y medio a 26 meses
Otro de los elementos que llamó la atención de los investigadores está relacionado con los tiempos de ejecución.
Uno de los contratos tenía inicialmente un plazo de aproximadamente dos meses y medio, pero terminó extendiéndose durante 26 meses.
La Fiscalía analiza si este tipo de modificaciones hacía parte de una modalidad utilizada para mantener contratos y recursos concentrados en determinados operadores.
Las autoridades también estudian otros procesos contractuales que podrían tener características similares.
Exfuncionarios podrían enfrentar penas de hasta 33 años
Según lo expuesto durante la audiencia, los exfuncionarios procesados podrían enfrentar penas de hasta 33 años de prisión, mientras que para el contratista la posible condena podría llegar hasta los 16 años.
La Fiscalía sostuvo que Diana Paola Toro y Jorge Enrique Liévano habrían participado en la apropiación de cerca de $1.999 millones, mientras que María Eugenia Domínguez estaría relacionada con pagos que alcanzarían los $3.705 millones, presuntamente en beneficio de Cyan Logística y Eventos SAS.
Estas afirmaciones corresponden a la tesis de la Fiscalía y deberán ser debatidas durante el juicio.
El caso se suma a otras investigaciones de la administración Quintero
La investigación del Inder y Metroparques hace parte de varios procesos judiciales relacionados con contratación durante la administración de Daniel Quintero.
Algunos de estos expedientes examinan convenios interadministrativos y la posterior contratación de empresas privadas para ejecutar recursos públicos.
Entre los nombres que aparecen en diferentes investigaciones está Jorge Enrique Liévano, quien también ha sido mencionado en otros procesos relacionados con entidades del conglomerado público de Medellín.
Ahora será la justicia la encargada de determinar la responsabilidad individual de cada uno de los acusados.
