El Acuerdo de Paz no es el causante de la violencia que afecta a los territorios, sino la lentitud con la que avanzan sus compromisos. Así lo afirmó la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, durante la conmemoración de los 10 años de la firma del pacto en la sede de la entidad en Bogotá.
El impacto histórico y los logros alcanzados
La máxima representante del organismo recordó que las antiguas Farc ya no existen como estructura armada en el territorio nacional. En este proceso, más de 13.000 personas dejaron las armas y salieron de las regiones 37 toneladas de material bélico. Asimismo, cerca de 11.000 excombatientes continúan activos dentro del proceso de reincorporación, lo que demuestra que la gran mayoría de quienes formaron parte de esa guerrilla apuestan por convivir bajo las normas del Estado.
Durante su pronunciamiento, Marín destacó que el Acuerdo de Paz generó un impacto positivo constatable en la preservación de la vida. Las cifras registradas indicaron que las muertes y las personas heridas asociadas al conflicto armado se redujeron en más del 50 %. Adicionalmente, mediciones de la Comisión de la Verdad y del instituto Pares confirmaron que en 2017 se alcanzó la tasa de homicidios más baja observada en décadas.
El seguimiento estadístico también mostró caídas notables en diversos delitos de alto impacto tras la firma:
- Los secuestros se redujeron un 70 % entre los años 2012 y 2019.
- Los ataques perpetrados contra la infraestructura descendieron un 81,2 % entre 2013 y 2017.
- Los homicidios dirigidos contra miembros de la fuerza pública cayeron un 74,6 % entre enero de 2011 y agosto de 2021.
¿Qué factores explican la persistencia del conflicto?
Frente a las causas de las dinámicas violentas que aún persisten, la Defensoría del Pueblo señaló que la desigualdad profunda constituye el factor estructural más determinante. Esta disparidad resulta especialmente visible entre las grandes ciudades y las zonas rurales, donde existe una deuda histórica con las comunidades locales. Para enfrentar este escenario, las bases formuladas en el Acuerdo de Paz establecieron la urgencia de atender el acceso a tierras, erradicar la problemática de las drogas ilícitas y permitir una participación ciudadana sin amenazas.
A pesar de estos avances, el país experimentó una transformación de diversas estructuras que reciclaron viejas prácticas armadas. La organización con mayor despliegue territorial en la actualidad, el Clan del Golfo, se originó a partir de las antiguas autodefensas y extendió sus actividades mediante rentas criminales asociadas a la minería ilegal y el narcotráfico. Por ello, la defensora insistió en que los problemas de orden público no descalifican el Acuerdo de Paz, sino que representan la razón principal para ejecutarlo en su totalidad.
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La situación territorial y el papel del Acuerdo de Paz
El diagnóstico institucional califica el panorama actual como crítico tanto para la naturaleza como para la protección de las comunidades. En este momento, más de un tercio de los municipios del país permanece bajo alertas tempranas vigentes por riesgos inminentes contra los derechos humanos. Los reportes registran afectaciones continuas por cuenta de confinamientos, desplazamientos forzados, artefactos explosivos, masacres, uso de drones armados y reclutamiento infantil en amplias zonas del territorio.
El cumplimiento de los compromisos institucionales ha atravesado diversas orillas políticas en el transcurso de los mandatos presidenciales recientes. Gobiernos como los de Iván Duque y Gustavo Petro asumieron la tarea de sostener su ejecución, una responsabilidad que ahora corresponde a De la Espriella. La continuidad del proceso demuestra que la aplicación integral del Acuerdo de Paz responde a una directriz de Estado pensada para atender las urgencias reales de la población afectada.
Obligaciones de los firmantes y próximos pasos
En el marco de este balance conmemorativo, la entidad subrayó que la reconciliación no depende de posturas individuales o intereses exclusivos de un partido político. El Acuerdo de Paz pertenece a toda la sociedad civil, tanto a los ciudadanos que respaldaron el texto como a quienes optaron por el rechazo en las urnas. Por esta razón, se reiteró la solicitud a los antiguos comandantes de la guerrilla para que mantengan un compromiso transparente de arrepentimiento y una reparación integral hacia las víctimas.
El análisis institucional concluyó que cualquier administración tiene la potestad de revisar y ajustar aquellos mecanismos que presenten fallas operativas, pero no puede abandonar las obligaciones pactadas. Para la Defensoría del Pueblo, canalizar las discusiones públicas hacia un aporte constructivo resulta prioritario para superar la crisis de seguridad. De este modo, consolidar el Acuerdo de Paz se perfila como la herramienta indispensable para desarticular los factores de violencia que aún amenazan a las regiones.
Fuente: eltiempo.com
