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El requerimiento de la JEP: plazo oficial de 3 días

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El requerimiento de la JEP fue dirigido a la Corte Suprema de Justicia para esclarecer la situación jurídica de la exsenadora Sandra Ramírez Lobo en relación con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. La solicitud judicial se formalizó el martes 10 de noviembre por orden de la Sala de Reconocimiento de Verdad.

¿Qué información solicita el tribunal a la Corte Suprema?

El despacho judicial busca establecer de manera precisa si la excongresista se encuentra vinculada formalmente a las indagaciones derivadas de una compulsa de copias de la Fiscalía General de la Nación. Frente a esto, el requerimiento de la JEP demanda conocer el estado de cualquier trámite relacionado con el homicidio del dirigente político.

La orden fue emitida dentro de una providencia firmada por la magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán, quien integra la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas. Esta solicitud institucional busca confirmar si existen evidencias o expedientes en curso que comprometan a la compareciente.

En caso de que existan indagaciones abiertas, la providencia exige que el alto tribunal remita copias de las piezas procesales correspondientes. Todo este procedimiento debe cumplirse bajo la observancia rigurosa de las reservas legales que aplican a las investigaciones en etapa preliminar.

Alcance del requerimiento de la JEP sobre el régimen de comparecencia

Esta actuación procesal se desarrolla en el marco del seguimiento estricto al régimen de condicionalidad al que están sometidos los antiguos integrantes de la extinta guerrilla. El requerimiento de la JEP evalúa si los comparecientes mantienen el cumplimiento integral de las obligaciones adquiridas ante el sistema transicional.

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Dentro de este marco de supervisión, la magistratura necesita determinar con certeza si Sandra Ramírez Lobo tiene señalamientos directos o declaraciones que la vinculen con el crimen del entonces senador y precandidato presidencial. La labor de verificación pretende consolidar los antecedentes procesales que reposan en la justicia ordinaria.

Por esta razón, el tribunal transicional dispuso que el requerimiento de la JEP active una revisión detallada de las actuaciones que adelanta la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Dicho control procura evitar vacíos de información entre las distintas jurisdicciones que conocen asuntos del conflicto armado.

Términos procesales fijados para la entrega de informes

La providencia judicial fijó un plazo perentorio de tres días hábiles para que los magistrados de instrucción envíen los reportes solicitados. Este cómputo comenzó a regir formalmente a partir de la notificación oficial de la providencia a las partes involucradas.

Asimismo, el documento judicial expedido por la magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán determinó que contra esta decisión no proceden recursos legales ordinarios. Por consiguiente, el requerimiento de la JEP tiene un carácter definitivo y de inmediato cumplimiento para el organismo requirente.

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La instrucción judicial, cuyos antecedentes se remontan a un auto del 20 de octubre de 2026, constituye una orden perentoria que no admite dilaciones administrativas en su trámite. Con ello, las autoridades judiciales buscan consolidar una respuesta oportuna sobre la compulsa de copias.

Próximos pasos en la verificación del caso judicial

Una vez vencido el plazo legal establecido, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia deberá remitir los documentos y claridades solicitadas. Con este insumo, los magistrados examinarán si el régimen de condicionalidad de la exsenadora presenta alguna afectación o si continúa sin novedades procesales.

El análisis de las piezas procesales remitidas permitirá a la Sala de Reconocimiento determinar las medidas necesarias frente al proceso. Así, el requerimiento de la JEP garantiza que cualquier antecedente penal relevante sea contrastado dentro de los expedientes que vigila la justicia para la paz.

Las determinaciones posteriores dependerán exclusivamente del contenido y la gravedad de los reportes enviados por el alto tribunal ordinario. Con estas acciones institucionales, el requerimiento de la JEP avanza en el esclarecimiento integral de los hechos que rodean el caso del dirigente político.

Fuente: elcolombiano.com

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