María José Pizarro podría afrontar una vinculación formal a un proceso penal por presunto tráfico de influencias, tras revelarse contradicciones sustanciales entre sus declaraciones públicas y los testimonios entregados recientemente por la excontratista Deicy Jiménez ante las autoridades competentes en Bogotá.
Las contradicciones en la versión de María José Pizarro
La controversia comenzó cuando la dirigente política publicó un pronunciamiento oficial para responder a los cuestionamientos sobre contrataciones públicas. En aquel documento, María José Pizarro sostuvo que nunca tuvo conocimiento de una relación íntima entre Deicy Jiménez y el expresidente Gustavo Petro. Asimismo, argumentó que su vínculo con ella se dio exclusivamente en calidad de contratista asignada a la Vicepresidencia.
Sin embargo, esta postura inicial fue desmentida en los estrados judiciales. De acuerdo con información divulgada por la periodista D’Arcy Quinn a través de la emisora La FM, la versión entregada por la testigo ante los investigadores ofrece un panorama totalmente opuesto al relato público emitido por la congresista.
En su declaración bajo juramento, la excontratista aseguró que fue el propio mandatario quien solicitó de forma directa a María José Pizarro tramitar su vinculación laboral en la entidad estatal. Además, afirmó que el expresidente se encargó de remitir su hoja de vida a la legisladora y que ella misma presenció las conversaciones telefónicas y el intercambio de mensajes de chat sostenidos entre ambos dirigentes para gestionar su contratación.
¿Qué consecuencias legales contempla el presunto tráfico de influencias?
Ante la gravedad de los señalamientos, María José Pizarro solicitó voluntariamente ser escuchada por la Corte Suprema de Justicia con el propósito de entregar sus explicaciones sobre los hechos denunciados. Pese a esta solicitud de comparecencia, fuentes cercanas al expediente señalan que la congresista podría quedar formally vinculada a la causa penal bajo la figura de tráfico de influencias.
Este delito sanciona a los servidores públicos que utilicen indebidamente su posición o jerarquía para obtener beneficios laborales o contractuales para terceros. En el marco del ordenamiento jurídico colombiano, los miembros del Congreso cuentan con un fuero especial que reserva su investigación y juzgamiento exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia, corporación que debe determinar si existió una gestión irregular para favorecer a personas recomendadas desde las altas esferas del poder.
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Los testimonios y las pruebas técnicas en la Fiscalía
Deicy Jiménez acudió a una diligencia judicial de alta intensidad en la que permaneció durante 15 horas y 45 minutos respondiendo los interrogatorios oficiales antes de abandonar las instalaciones pasadas las doce de la noche. Tras culminar su testimonio, la declarante compartió una imagen en redes sociales acompañada de un texto explicativo sobre su postura.
En su mensaje, la excontratista aclaró que las indagaciones no giran alrededor de asuntos de la vida íntima de ningún funcionario, sino en torno a una presunta red irregular en la que prefirió no involucrarse. Señaló que desde su negativa sabía que debía poner la situación en conocimiento judicial, aunque no disponía en ese momento de garantías para proceder sin temor a represalias, y enfatizó que no pretendía generar espectáculo sino cumplir con su deber legal sin ceder ante presiones.
El expediente judicial cuenta actualmente con elementos materiales probatorios determinantes aportados a la causa:
- El teléfono celular de la excontratista, entregado de forma directa al ente acusador para su análisis pericial.
- Copias forenses integrales de las memorias digitales suministradas a los apoderados legales de las distintas partes procesales.
- Extracción técnica de conversaciones digitales que documentan los diálogos con el exmandatario sobre el traslado de perfiles profesionales a distintas dependencias públicas.
Próximas citaciones y el alcance de las indagaciones
Las averiguaciones judiciales también abarcan las declaraciones de Angie Rodríguez, quien se desempeñó como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). Durante los interrogatorios coordinados, los delegados judiciales indagaron a las declarantes sobre la presencia de otra mujer que habría sido contratada en diversas entidades públicas.
Tanto Deicy Jiménez como la exdirectora del DAPRE coincidieron en señalar que dicha persona pertenecía al círculo de mujeres cercanas al expresidente, por lo cual la justicia contempla convocarla a rendir testimonio. Con este panorama probatorio en desarrollo, la situación judicial de María José Pizarro dependerá del contraste riguroso que efectúen los magistrados entre los mensajes digitales extraídos y la defensa que presente la congresista en su audiencia.
Fuente: lafm.com.co
