Protesta social en el país será regulada por un decreto publicado para comentarios por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. La norma permite el uso legítimo de la fuerza sin mediación previa ante armas o actos violentos, fija cuatro metros de distancia y blinda las vías estratégicas.
Medellín, Antioquia, 1 de octubre de 2026. La Presidencia de la República y los órganos del sector del orden público informaron la publicación de un instrumento legal que afectará la gestión de la seguridad y las garantías ciudadanas en los territorios. El Gobierno Nacional presentó para observaciones ciudadanas un proyecto de decreto de 27 páginas que actualiza los protocolos de actuación de la Fuerza Pública en manifestaciones, autorizando la intervención expedita de la Policía cuando se evidencien acciones violentas o presencia de armas, según informaron fuentes del Ministerio del Interior.
La normativa establece que la presencia comprobada de armas de fuego, armas blancas, explosivos o botellas incendiarias dejará sin efecto la obligación de diálogo previo, facultando a las brigadas policiales a restablecer el orden. El documento consagra además el principio de equilibrio constitucional, señalando que el ejercicio legítimo de la protesta social no podrá menoscabar el derecho a la salud, el trabajo, la seguridad y la libre locomoción de la mayoría de la población.
¿Qué atribuciones tendrán los PMU y cuáles límites operacionales se fijaron?
El borrador normativo estipula que los uniformados de acompañamiento deberán mantener una distancia no inferior a cuatro metros respecto a los participantes de las marchas, buscando reducir focos de provocación y proteger tanto a manifestantes como a transeúntes. No obstante, los Puestos de Mando Unificado (PMU) departamentales y municipales tendrán la potestad de decidir en qué circunstancias se agota la mediación pacífica para autorizar la dispersión táctica de bloqueos graves.
Frente a la obstaculización de carreteras, el decreto precisa que una retención no es sinónimo automático de agresión, pero encomienda a los PMU determinar si el bloqueo genera un perjuicio inminente al abastecimiento de alimentos o combustibles. La norma contempla mecanismos de focalización probatoria mediante grabaciones técnicas para individualizar penalmente a los agresores y ordena blindar centros de salud, aeropuertos y redes de servicios básicos de cualquier afectación prolongada.
Datos clave del decreto de manifestaciones
- Tipo de documento: Proyecto de decreto presidencial para comentarios públicos.
- Extensión formal: 27 páginas de marco reglamentario para el orden público.
- Regla de intervención: Actuación directa de la Policía Nacional ante la detección de armas o violencia flagrante.
- Distancia de cordón policial: Mínimo de cuatro metros de separación respecto a los marchantes.
- Equilibrio constitucional: Ponderación de derechos; la marcha no podrá anular la salud ni la movilidad.
- Protocolo para bloqueos: Los PMU evaluarán el impacto vial antes de ordenar operativos de despeje.
- Judicialización: Uso de focalización probatoria para recolectar evidencias técnicas en terreno.
- Redes protegidas: Blindaje preferente para hospitales, aeropuertos e infraestructura de energía.
- Fuente oficial: Presidencia de la República y Ministerio del Interior.
¿Qué contempla el articulado sobre el deber de la Fuerza Pública?
En el texto expuesto a la consulta ciudadana se lee textualmente sobre la función de los uniformados: “En estos eventos, la Policía Nacional actuará sin dilaciones innecesarias, en cumplimiento de sus deberes constitucionales, legales y reglamentarios de prevenir, contener y hacer cesar las conductas punibles o los actos de violencia, proteger la vida e integridad de las personas, preservar los bienes y restablecer las condiciones de seguridad y convivencia”, puntualizando que se aplicarán los principios internacionales del uso de la fuerza.
¿Cómo afecta esto a los ciudadanos en Antioquia?
Para las comunidades, gremios industriales y campesinos de las nueve subregiones de Antioquia, la fijación de protocolos claros para despejar vías troncales y terciarias brinda seguridad a las cadenas de distribución alimentaria e insumos agrícolas hacia la Central Mayorista y plazas de mercado locales. Contar con criterios unificados para la actuación policial permite a los alcaldes municipales y comités de riesgo del departamento proteger la integridad física de las personas sin desbordar los límites del uso legítimo de la fuerza.
Contexto: la ponderación de derechos fundamentales en el Estado social
Las tensiones entre el derecho a la reunión pacífica y las garantías de libre movilidad han sido motivo de debate constante en los estrados judiciales colombianos. La propuesta del Ejecutivo apunta a formalizar reglas operativas que diferencien con rigor las concentraciones cívicas de los actos de sabotaje violento, fortaleciendo la capacidad técnica de la policía judicial para procesar penalmente a quienes porten artefactos lesivos en las movilizaciones.
Preguntas frecuentes
¿En qué casos la Policía podrá actuar sin necesidad de mediación previa?
Cuando se confirme la presencia de armas de fuego, armas blancas, explosivos o sustancias incendiarias entre los manifestantes.
¿Cuál es la distancia mínima que debe conservar la Policía durante la marcha?
El decreto reglamentario exige un distanciamiento preventivo de cuatro metros entre el dispositivo policial y la concentración.
¿Qué facultades otorgan a los Puestos de Mando Unificado (PMU)?
Tienen la competencia de valorar el impacto de los bloqueos viales, declarar el fin de la concertación y ordenar intervenciones de la fuerza pública.
¿Qué busca la focalización probatoria dentro de las marchas?
Asegurar elementos materiales de prueba y registros audiovisuales para individualizar y procesar judicialmente a los responsables de hechos delictivos.
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El Ministerio del Interior continuará consolidando los comentarios de organizaciones cívicas antes de someter el documento a sanción presidencial definitiva.
