El movimiento incluyó a 17 integrantes vinculados a la mesa de paz urbana. Aunque existe preocupación por posibles disputas internas, hasta ahora no se evidencia un reacomodo significativo del poder criminal en Medellín y el área metropolitana.
El traslado de 104 cabecillas recluidos en la cárcel La Paz de Itagüí, entre ellos 17 personas vinculadas a la mesa de paz urbana, abrió un nuevo escenario para la seguridad en Medellín y los demás municipios del Valle de Aburrá.
La principal inquietud es qué ocurrirá dentro de las estructuras criminales luego del cierre del proceso de negociación impulsado durante el anterior Gobierno y de la separación de varios de sus principales jefes.
Entre los riesgos que han sido mencionados aparecen posibles retaliaciones, ajustes de cuentas, disputas por el control territorial y fracturas internas. Sin embargo, fuentes cercanas a estas dinámicas sostienen que, hasta el momento, no se observa un cambio sustancial en el equilibrio de poder de las organizaciones.
Homicidios no muestran por ahora un salto significativo
Desde el 7 de agosto, fecha en la que se concretó el traslado de los internos, se han registrado 13 homicidios en el Valle de Aburrá. En el mismo periodo de 2025 habían ocurrido 15.
Las autoridades investigan si uno de los casos recientes tendría alguna relación con los movimientos alrededor de la cárcel de Itagüí: el asesinato de Wilber Ferney Martínez Sana, guardián del Inpec y dirigente sindical, ocurrido el 13 de agosto en el barrio San Francisco.
Por ahora no existe evidencia suficiente para señalar que el traslado haya provocado un aumento generalizado de la violencia.
El temor a la extradición influiría en las estructuras
Una de las explicaciones para la relativa estabilidad tendría que ver con la nueva política de seguridad del Gobierno Nacional y el temor de algunos integrantes de las organizaciones criminales a terminar extraditados a Estados Unidos.
El presidente Abelardo De La Espriella ha anunciado una estrategia de cooperación internacional contra el narcotráfico y el crimen organizado, con Medellín como uno de los puntos centrales de esa ofensiva.
Desde la Alcaldía también han advertido que la presión sobre las estructuras criminales aumentará con el respaldo del Gobierno Nacional.
Analistas consultados consideran que ese escenario podría estar llevando a varios grupos a actuar con mayor cautela, evitando hechos violentos que aumenten la presión judicial y operativa sobre sus principales integrantes.
La reducción de homicidios viene de años atrás
Otro elemento clave es que la disminución de los homicidios en Medellín no comenzó con la mesa de paz urbana.
En 2019 la ciudad terminó el año con cerca de 600 homicidios. Posteriormente se registraron 373 casos en 2020, 414 en 2021, 391 en 2022, 378 en 2023, 329 en 2024 y 346 durante 2025.
En 2026, hasta el momento del reporte, se contabilizaban 182 homicidios, lo que representaba una reducción aproximada del 18 %.
Las autoridades locales sostienen que durante los últimos años las propias estructuras han evitado elevar los niveles de homicidio debido a la presión policial y judicial que genera cada asesinato.
Pactos entre cabecillas también podrían estar influyendo
Durante los casi tres años que varios de los principales cabecillas permanecieron recluidos juntos en Itagüí, algunas diferencias entre ellos habrían sido superadas.
Fuentes conocedoras de estas dinámicas señalan que durante ese periodo se consolidaron pactos de no agresión y acuerdos entre organizaciones que ya venían gestándose desde años anteriores.
Esto ayudaría a explicar por qué la salida de los cabecillas de un mismo centro penitenciario no ha generado, por ahora, una ruptura inmediata entre las estructuras.
Además, el funcionamiento actual de muchas bandas depende menos de la presencia física de un solo jefe y cuenta con mandos intermedios capaces de mantener las operaciones.
El riesgo de nuevas disputas sigue presente
Pese a la aparente estabilidad, expertos advierten que el escenario aún puede cambiar.
Uno de los principales riesgos es que aparezcan disputas entre mandos medios que busquen asumir mayor poder tras el alejamiento de los cabecillas.
También preocupa la expansión de otras organizaciones, entre ellas estructuras asociadas al Tren de Aragua, cuya presencia ha sido señalada en sectores del centro de Medellín y algunas comunas.
Una eventual confrontación con estructuras locales podría alterar el panorama de seguridad.
Por ahora, la principal conclusión es que el traslado de los 104 cabecillas no ha provocado un reacomodo violento inmediato, pero las autoridades mantienen la atención sobre posibles fracturas internas, disputas territoriales y cambios en las alianzas criminales durante las próximas semanas.
