Judicial

Correo reveló presunta trama de corrupción que hoy tiene al hermano de Daniel Quintero rumbo a imputación

Una denuncia anónima enviada en 2023 destapó el presunto esquema de direccionamiento de contratos en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá que ahora investiga la Fiscalía.

La investigación por presunta corrupción que llevará a la imputación de cargos contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, tuvo su origen en un correo electrónico recibido hace 29 meses por la Veeduría Todos por Medellín, en el que se denunciaba un supuesto entramado para direccionar contratos públicos en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).

Ese documento fue entregado posteriormente a las autoridades y se convirtió en uno de los primeros elementos que mencionó a Miguel Quintero dentro de la investigación.

La denuncia describía el supuesto funcionamiento del esquema

Según el contenido del correo, el denunciante aseguró haber conocido de primera mano el funcionamiento de la presunta red y explicó cómo se habrían direccionado contratos entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí.

El remitente afirmó que Miguel Quintero sería quien encabezaba el supuesto entramado, mientras otros funcionarios se encargarían de negociar las presuntas comisiones derivadas de la contratación.

Contratos y presuntas comisiones bajo investigación

La denuncia también hacía referencia al supuesto pago de millonarias comisiones relacionadas con contratos que superarían los 18.000 millones de pesos, además de señalar la presunta entrega de bienes como parte de esos pagos.

Toda esa información fue incorporada por la Veeduría Todos por Medellín como complemento de otras denuncias que ya había presentado sobre posibles irregularidades en la contratación de entidades como el Área Metropolitana, Metroparques e Inder.

La investigación avanzó hasta las imputaciones

Tras varios meses de investigación, la Fiscalía anunció la imputación de cargos contra Miguel Quintero, Álvaro Alonso Villada García, Sebastián Ortega Urán y Vanessa Álvarez Restrepo, quienes deberán responder por su presunta participación en el caso.

El proceso hace parte de una investigación más amplia sobre posibles hechos de corrupción en la contratación pública durante la anterior administración de Medellín.

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