La controversia sobre los avalúos catastrales tomó fuerza luego de que el representante a la Cámara Daniel Briceño solicitara al Gobierno nacional suspender tres resoluciones emitidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi antes de finalizar 2026. La medida busca evitar incrementos desmedidos en la facturación del impuesto predial de 2027 para los propietarios urbanos y rurales.
El pronunciamiento del legislador por Bogotá coincidió con la postura del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien advirtió que en varios puntos del territorio estas liquidaciones representan cobros confiscatorios. Desde el Centro Democrático se anunció el impulso de un proyecto legislativo orientado a conseguir alivios frente a lo que el exmandatario describió como una pesada carga para la ciudadanía.
¿Por qué se pide frenar los avalúos catastrales vigentes?
El congresista Briceño argumentó que las determinaciones técnicas adoptadas recientemente provocaron incrementos desproporcionados en el valor asignado a los inmuebles. Según denunció en sus declaraciones públicas, algunos contribuyentes han enfrentado aumentos que superaron el 1.000 % en sus cobros, situación que calificó como un cálculo erróneo y perjudicial para la economía familiar.
La queja ciudadana, según detalló el representante, no distingue estratos ni sectores productivos, ya que los habitantes del campo también han manifestado dificultades para asumir los cobros. Briceño cuestionó además la actualización catastral que se implementó en 527 municipios como parte de los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo fijado durante la administración anterior.
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Las tres normas técnicas que el congresista busca derogar
Para frenar esta situación, el parlamentario solicitó al presidente Abelardo De La Espriella dejar sin efecto tres resoluciones del IGAC que sustentan el esquema de cobro actual. A juicio del dirigente, es urgente desmontar este marco regulatorio antes de que las administraciones locales comiencen la emisión de las facturas del próximo periodo fiscal.
Las medidas que concentran el reclamo corresponden a decisiones adoptadas entre 2024 y 2025 para regular los avalúos catastrales en el país:
- La Resolución 1912 de 2024, encargada de establecer la metodología técnica para los ajustes de los predios.
- La Resolución 2144 de 2024, que determinó los incrementos aplicables para la vigencia de 2025.
- La Resolución 2057 de 2025, mediante la cual se fijaron alzas automáticas en cientos de municipios.
El respaldo político y los plazos antes de finalizar el año
El llamado para revisar los avalúos catastrales cuenta con el respaldo de congresistas de diferentes movimientos políticos, según manifestó Briceño. La intención de los legisladores es sumar más apoyos en las cámaras para presionar una respuesta administrativa oportuna por parte del Ejecutivo antes de que concluya el año en curso.
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La urgencia radica en los calendarios tributarios de las alcaldías, que requieren semanas previas para liquidar el impuesto predial correspondiente al nuevo ciclo. Si el Gobierno no deroga o suspende las resoluciones antes del 31 de diciembre, los mandatarios locales deberán facturar bajo las fórmulas vigentes, lo que mantendría los costos elevados que denuncian los propietarios.
Los compromisos asumidos durante la campaña presidencial
Frente a esta coyuntura, el representante recordó que la problemática formó parte de los debates de la contienda electoral. Briceño indicó que durante la campaña presidencial tanto De La Espriella como el vicepresidente José Manuel Restrepo expresaron compromisos puntuales orientados a corregir los desequilibrios causados por los avalúos catastrales.
Bajo esa premisa, el congresista insistió en que el Gobierno debe dar cumplimiento a las promesas formuladas a la ciudadanía. La derogación de los actos administrativos busca restablecer condiciones justas para los contribuyentes antes de que se consoliden nuevos cobros fiscales bajo la actual actualización catastral.
Fuente: semana.com
