El informe de la DNI elaborado durante el proceso de empalme en julio de 2026 expuso graves irregularidades operativas y administrativas ocurridas durante la administración de Gustavo Petro en Colombia. El documento oficial de 26 páginas, entregado a la nueva dirección de la agencia, recopila testimonios internos de funcionarios sobre prácticas de espionaje no autorizadas, manipulación electoral y anomalías contractuales.
Las denuncias provocaron una reacción inmediata por parte de los organismos de control del Estado. La Contraloría General de la República ordenó una inspección prioritaria sobre un grupo de contratos de la DNI que comprometen recursos públicos por cerca de $20.783 millones. Varios de estos convenios figuran directamente señalados en los archivos reservados analizados por los investigadores.
¿Qué revela el informe de la DNI sobre espionaje y vehículos oficiales?
Uno de los capítulos más alarmantes del documento describe presuntas maniobras de seguimiento orientadas a vulnerar la seguridad de expresidentes y exvicepresidentes del país. La estrategia se habría facilitado tras la expedición del Decreto 0563 del 3 de junio de 2026, una normativa firmada semanas antes de la segunda vuelta presidencial que incorporó a la agencia de inteligencia en la asignación de los vehículos de protección.
A través de esa modificación legal, la entidad pretendía intervenir los esquemas asignados a los exmandatarios mediante tecnología oculta. El informe de la DNI asegura que el plan contemplaba la instalación de micrófonos y dispositivos de geolocalización satelital para monitorear permanentemente los movimientos de los líderes políticos protegidos, comprometiendo gravemente la seguridad de expresidentes.
Asimismo, los testimonios incluidos en la documentación revelan la existencia de una sede clandestina en la capital del país. Dicho inmueble operaba a pocos metros de la embajada de Estados Unidos en Bogotá sin contar con registros formales en las bases de datos institucionales. Tras culminar los comicios presidenciales, la casa fue evacuada y sus antecedentes resultaron eliminados de los sistemas oficiales.
Presuntas interferencias en las elecciones de 2026
El documento también detalla un frente de acción digital enfocado en alterar las votaciones populares. Dentro de este capítulo destaca el rol de Carlos Oyola, un ingeniero de sistemas vinculado a la entidad desde febrero de 2024 y recientemente capturado por las autoridades judiciales en el marco de distintas investigaciones penales.
Según los registros de inteligencia, Oyola coordinaba grupos de activistas digitales, operadores en redes sociales y piratas informáticos para intervenir en el debate público. El informe de la DNI señala que este contratista presuntamente encabezó una red orientada a modificar los resultados electorales durante la jornada del 21 de junio de 2026 mediante ataques dirigidos contra los servidores de la Registraduría.
El ingeniero contaba con una orden de captura vigente desde mayo de ese mismo año y había evadido un operativo judicial de la Fiscalía poco antes de la primera vuelta. A su expediente se suman procesos por falsedad documental y fraude procesal derivados de títulos presuntamente adulterados, los cuales utilizó para justificar requisitos profesionales.
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Estas revelaciones coinciden con denuncias sobre la flexibilización interna en los filtros de contratación de la agencia. Durante ese periodo habrían ingresado cerca de 300 personas sin cumplir con las evaluaciones tradicionales, incluyendo aspirantes que reprobaron el polígrafo y antiguos militantes del M-19.
Alertas internacionales y compras millonarias bajo sospecha
El informe de la DNI advierte sobre riesgos de seguridad internacional derivados de la cooperación técnica con potencias extranjeras. Agentes de la entidad viajaron a Moscú para capacitarse con el servicio secreto ruso, donde recibieron computadores y teléfonos celulares que presentan sospechas de albergar programas espías diseñados para extraer información estatal reservada.
En el plano presupuestal, la Contraloría fiscaliza adquisiciones que presentaron sobrecostos o fallas técnicas evidentes:
- Un helicóptero no tripulado adquirido por $9.000 millones que sufrió un siniestro operativo antes de consolidar sus funciones de vigilancia estratégica.
- Cuatro camionetas blindadas modelo 2024 adaptadas con sistemas antidrones para la Presidencia por un valor superior a los $8.340 millones.
- Un mecanismo de identificación biométrica facial y dactilar valorado en $580 millones que resultó incompatible con la infraestructura tecnológica de la entidad.
- La compra de 595 computadores por más de $1.314 millones con graves deficiencias de rendimiento.
- Mobiliario exclusivo para una sede en el municipio de Funza que contemplaba camas de $18 millones y atriles de alto costo.
La revisión técnica de estos contratos de la DNI reveló también la pérdida de plataformas de software destinadas a registrar las misiones estratégicas, dejando a la entidad sin herramientas de supervisión interna desde 2024.
Contexto institucional y próximos pasos
Las conclusiones del informe de la DNI reflejan un deterioro significativo en las capacidades técnicas y en la confianza internacional de la agencia de inteligencia colombiana. Con la llegada del nuevo director Jorge Zuluaga, la entidad enfrenta una reestructuración operativa para recuperar los estándares de contrainteligencia y depurar sus procesos de selección interna.
Por su parte, los entes judiciales y disciplinarios continuarán las indagaciones sobre los presuntos planes de sabotaje en las elecciones de 2026 y la legalidad de los contratos de la DNI. El avance de las auditorías fiscales determinará las responsabilidades individuales de los funcionarios involucrados en el presunto desvío de recursos y en la extralimitación de funciones estatales.
Fuente: elcolombiano.com
