El fantasma de un default en Colombia ha vuelto al centro del debate nacional tras las declaraciones del vicepresidente José Manuel Restrepo, quien advirtió que la nación podría entrar en cesación de pagos el próximo año si el Congreso no aprueba la Ley de Rescate Económico antes de finalizar 2026.
Esta advertencia revive una controversia que ya se había presentado previamente en el ámbito legislativo. En septiembre de 2024, el entonces director de Crédito Público de la administración de Gustavo Petro, José Roberto Acosta, también alertó sobre una suspensión de pagos si el parlamento no autorizaba una ampliación del cupo de endeudamiento por US$17.607 millones. Ahora, el Ejecutivo actual insiste en que las cuentas estatales enfrentan un desbalance severo entre los ingresos disponibles y los gastos comprometidos.
¿Qué consecuencias traería un default en Colombia?
Una situación de cesación de pagos implica que la administración central no cuente con los recursos suficientes para atender sus compromisos crediticios internos y externos. De acuerdo con el vicepresidente Restrepo, la falta de aprobación legislativa pondría en riesgo directo el pago oportuno de los salarios de los empleados públicos, así como el financiamiento ordinario de diversos programas asistenciales y de inversión.
Desde la cartera de Hacienda, el ministro Miguel Gómez precisó que el déficit que requiere una fuente de financiamiento inmediata oscila entre $80 billones y $90 billones. Por ello, el equipo económico sostiene que resulta imperativo tramitar ajustes extraordinarios tanto en el presupuesto como en el Plan Nacional de Desarrollo para contener el desbalance.
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El debate sobre los orígenes del deterioro fiscal
La discusión actual no solo gira en torno a la posibilidad de un default en Colombia, sino también a la determinación de las causas y responsabilidades de las administraciones anteriores. Los registros económicos señalan que el desajuste en las cuentas se profundizó a raíz de la emergencia sanitaria, cuando la administración de Iván Duque concluyó su mandato con un déficit fiscal cercano al 6,8% del PIB.
Frente a esta situación, existen discrepancias entre antiguos funcionarios sobre qué decisiones tuvieron mayor impacto en las arcas públicas:
- El congelamiento de las tarifas de la gasolina y el ACPM durante 2022 acumuló un saldo negativo de $35 billones en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
- La cancelación gradual de ese pasivo del FEPC demandó erogaciones posteriores por $65 billones distribuidas entre los años 2023, 2024 y 2025.
- Los desembolsos del crédito de emergencia contratado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la pandemia ascendieron a US$5.400 millones, obligación que ya fue saldada por el país.
José Roberto Acosta ha cuestionado las alertas actuales, sosteniendo que el retraso en actualizar el valor interno de los combustibles fósiles en administraciones pasadas le restó maniobrabilidad al presupuesto estatal. Desde su perspectiva, un ajuste sobre el ACPM podría generar ahorros de $15 billones, lo que evitaría cargar tributariamente a los sectores de ingresos medios.
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El incremento del gasto y la deuda pública
Por otro lado, analistas como el exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño responsabilizan principalmente al mandato de Gustavo Petro del deterioro fiscal acumulado. Según los balances oficiales del actual Gobierno, el saldo total de la deuda pública creció de manera sustancial al pasar de $800 billones a cerca de $1.200 billones durante ese cuatrienio, lo que representó un incremento cercano al cincuenta por ciento.
Para analistas y docentes de investigación económica, el aumento de pasivos tanto internos como externos ha colocado al país en una situación de vulnerabilidad continua. Esta dinámica ha hecho que el riesgo de caer en default en Colombia continúe siendo un argumento recurrente cada vez que el Ejecutivo necesita respaldo parlamentario para operaciones de endeudamiento o reformas impositivas.
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En ese sentido, Londoño advirtió que la nación necesitará contratar cerca de $250 billones en operaciones de crédito para equilibrar el presupuesto del año entrante, en un contexto donde los vencimientos por servicio de la deuda rondan los $150 billones. A estos factores se suma la desaceleración del recaudo y el debilitamiento de la inversión privada, elementos determinantes en el estrecho margen financiero estatal.
Próximos pasos legislativos ante el escenario financiero
Para mitigar la posibilidad de un default en Colombia, el Gobierno busca presionar al Congreso con el propósito de agilizar los debates pertinentes. La discusión central se focaliza en determinar si las advertencias responden a un peligro inminente de insolvencia de la deuda pública o si constituyen un mecanismo de persuasión política para asegurar la aprobación de la Ley de Rescate Económico.
Durante las semanas venideras, las comisiones económicas del legislativo deberán examinar las propuestas de financiamiento y definir los recortes requeridos. El desenlace de este trámite marcará el rumbo de las finanzas del Estado de cara a los compromisos de gasto previstos para los siguientes periodos fiscales.
Fuente: elcolombiano.com
